El artículo primero de la Constitución Política de Bolivia reconoce la diversidad y lingüística y cultural del país, ya no como un capricho de la naturaleza sino como una característica que la enriquece como nación.
En Bolivia coexisten más de 33 grupos étnicos que desde las montañas nevadas de los Andes hasta las cálidas llanuras del Chaco moran sus tierras desde tiempos sin memoria. En el norte altiplánico del país, pueblos como los quechua y aimará, descendientes directos del imperio incaico, han representado por mucho tiempo la cara indígena de Bolivia. Hoy esta visión ha sido enriquecida gracias al reconocimiento de los pueblos que habitan las regiones del Oriente boliviano. Antes de la década de los ochenta estos pueblos no eran visibles debido a su aislamiento físico, ligado al difícil acceso a las tierras bajas de Bolivia, y político, por la concentración de las funciones públicas y administrativas en las principales ciudades del país. Es a raíz de las luchas llevadas a cabo por las organizaciones indígenas que en los últimos años se reconocen y valorizan las características peculiares de los diferentes grupos étnicos, incluyendo los del Oriente boliviano, como una riqueza para el país y una ventaja para su desarrollo.
El término «indígena» acuñado como denominativo para los pueblos originarios del continente, en Bolivia se utiliza principalmente cuando se alude a los habitantes de las regiones tropicales de la Amazonia y el Chaco y no así para los pueblos altiplánicos que, por sus características culturales y productivas, su organización tipo sindicato agrario y su percepción de la identidad étnica son clasificados y se consideran "campesinos". En el Oriente, Chaco, y Amazonia se asientan numerosos pueblos indígenas que han desarrollado una gran capacidad de manejo del territorio y que en la actualidad están luchando por su protección y por el uso adecuado de los recursos naturales.
En 1990 los indígenas del país realizaron una marcha histórica para presentar sus privaciones y necesidades reclamando «Territorio y Dignidad». Desde la ciudad de Trinidad, capital del Departamento del Beni, hasta la ciudad de La Paz, unos 850 indígenas recorrieron más de 600 kilómetros. Eran los pobladores de las estepas de Mojos: trinitarios, ignacianos, javerianos, loretanos, sirionos, movimas y yuracares, a quienes se unieron los mosetenes, guaraníes, guarayos, chimanes y demás pueblos indígenas. La marcha dio a conocer a toda la nación una manera de ser basada en la solidaridad, la reciprocidad, la hermandad, y la unidad en la lucha por el control de sus territorios originarios y por el respeto a su dignidad como pueblos.
A partir de esta expresión de unidad indígena el Estado boliviano inició una apertura en sus políticas reconociendo a los grupos étnicos como ciudadanos bolivianos con todos los derechos que por ley les corresponden. Es en ese momento de la historia nacional cuando la sociedad no-indígena reconoce la existencia de los pueblos originarios del Oriente, Chaco y Amazonia. Estos se encuentran marginados, explotados y sometidos a los atropellos de cazadores y empresarios madereros depredadores de la fauna silvestre y de sus bosques, y de ganaderos, terratenientes y comerciantes que acaparrando terrenos y especulando sobre el comercio y la mano de obra someten a las familias indígenas e impiden que las nuevas generaciones puedan desarrollarse integralmente.
Las leyes nacionales han comenzado finalmente, a tomar en cuenta la presencia indígena. El Artículo 1 de la Constitución reconoce una diversidad de culturas que constituye una riqueza para el país. Sin embargo, el camino hacia la participación activa de la población indígena en el desarrollo nacional es todavía largo y pasa por el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas de Bolivia.
Durante las últimas legislaturas se han venido implementando un conjunto de leyes y reformas estructurales que afectan directamente la situación de las poblaciones indígenas. En particular, la Ley de Participación Popular ha generado oportunidades para que sectores de la sociedad civil puedan participar activamente en la definición e implementación de políticas de desarrollo.
Sin embargo, existe el peligro de que los grupos dominantes mantengan sus espacios de poder y las comunidades indígenas y campesinas queden igualmente marginadas y desestructuradas. Esta situación puede ser tristemente constatada en varias regiones del país, especialmente en las zonas de presencia indígena, evidenciando el hecho de que este avance jurídico debe ir acompañado por un avance social, es decir, la capacitación de los mismos indígenas para que puedan explotar todas las potencialidades de esta ley.
Las oportunidades de participación y de cambio autodirigido quedarán desaprovechadas hasta que no se potencien las capacidades locales de planificación, negociación y comunicación para generar propuestas de planificación comunitaria. Actualmente los pueblos indígenas del país están viviendo una etapa de formación y capacitación de personas que puedan representarlos en diversos ámbitos públicos. Sin embargo, mientras esto ocurre se agrava aún más la situación de pobreza debido a la marginación cultural, discriminación lingüística y exclusión económica.
En Bolivia, el 50 por ciento de la población vive en la pobreza, proporción que asciende a dos tercios en el caso de la población indígena bilingüe y a tres cuartas partes en el caso de la población monolingüe. Alrededor de 3 millones de personas de habla quechua y 1 millón de habla aymará viven en las serranías bolivianas, mientras que más de 300.000 personas pertenecientes a unas 33 etnias viven en las tierras bajas. Sólo el 40 por ciento de la población boliviana es monolingüe castellana.
Uno de los factores económicos y productivos que ha afectado la situación de los pueblos indígenas en Bolivia ha sido la reforma agraria del 1953 que dividió las viejas haciendas entre las familias que trabajaban la tierra y les otorgó títulos de propiedad. En 1965 fueron distribuidas más de 6 millones de hectáreas entre 170 000 familias (sobre todo en la parte andina del país). Sin embargo, la atención prioritaria a la concesión de títulos individuales contribuyó a desmembrar algunas comunidades de la sierra y a debilitar las instituciones sociales indígenas. En 1996, a raíz de una nueva marcha indígena se consiguió incorporar modificaciones a la Ley de Reforma Agraria, introduciendo mecanismos que facilitarían la legalización de los territorios indígenas, denominados Tierras Comunales de Origen (TCO). Los pedidos para el reconocimiento de los territorios indígenas continúan ya que aún no se ha avanzado mucho en la titulación de los mismos.
La realidad actual es que la población indígena sobrevive al margen del desarrollo en una sociedad que no promueve políticas adecuadas para los grupos étnicos. En los últimos 15 años han desaparecido al menos cuatro grupos indígenas que vivían en las tierras bajas (los simonianos, los toromonas, los bororos y los joras). Además, otros grupos, como los chimanes, los mojos y los movimas están enfrentando actualmente las amenazas de la colonización por parte de emigrantes de zonas andinas.
Paradójicamente en un momento en el que el país revaloriza «lo indígena» considerándolo tema de interés permanente y de análisis nacional, existen menos oportunidades para un control real de los procesos de desarrollo por parte de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Al mismo tiempo, las reformas estructurales que intentan racionalizar la agricultura y la economía en función de la competencia internacional, dejan cada vez más desamparadas a las poblaciones indígenas que siguen en búsqueda de alternativas para lograr su subsistencia. Al interior de la economía nacional existe un fuerte desequilibrio en base al cual aumenta la pobreza. Esta pobreza no es simplemente económica sino también se manifiesta en términos de capacidades, falta de oportunidades de acceso al conocimiento y a la información que afectan mayormente a los grupos marginales. En este marco, algunos organismos internacionales de cooperación para el desarrollo apoyan los programas educativos de las organizaciones indígenas y de las instituciones locales para promover la recuperación de la autoestima, la revalorización de la identidad y el fortalecimiento de los procesos organizativos como un elemento esencial de sostenibilidad de los programas indígenas.
La difícil situación que viven los pueblos indígenas de Bolivia ha generado un gran movimiento de lucha. Una lucha que no se limita a la reivindicación de los derechos humanos, sino busca el respeto de las costumbres, organizaciones, autoridades nativas y la dignidad como seres humanos. Una lucha para el derecho a una vida digna y a participar en el desarrollo nacional de manera integral y sostenible.
En términos generales las nuevas leyes del Estado dejan espacios para el mantenimiento de las diferencias, es decir, la posibilidad de conservar costumbres distintas. Sin embargo, como en otros países, las relaciones interétnicas involucran decisiones políticas que influencian el acceso a la riqueza y al poder, decisiones que hasta la fecha han sido tomadas principalmente por un restringido grupo social.
Hoy día, las relaciones y redes que conectan individuos y grupos, sociedad y culturas diferentes se han ido incrementando considerablemente, imponiendo un replanteamiento de la expresión sociedad étnica o pluralística que se quiere aplicar a la Bolivia actual. Esto presupone un contexto de encuentro, interacción y comunicación continua entre individuos pertenecientes a tradiciones culturales diferentes y la creación de un proyecto de desarrollo nacional que satisfaga a todos. Esta visión del desarrollo debe darse en base a un proceso permanente de comunicación que permita la participación de todos los componentes sociales y valorice las especificidades étnicas del país.
Cuando hablamos de etnicidad en la comunicación nos referimos a los procesos en los cuales se reconoce y comunica la identidad cultural entre los grupos indígenas. Esto se lleva a cabo en un marco de relatividad contextual y oposiciones nosotros-ellos, en situaciones de contacto y diferenciación en las que la identificación y distinción de los demás es el instrumento para construir y afirmar la propia identidad étnica y estipular objetivos y estrategias de desarrollo propios. Al mismo tiempo, se mantiene la negociabilidad de la identidad étnica (dimensión subjetiva y creencias) que permite organizar las comunidades como áreas abiertas al contacto y a la comunicación intercultural. Este es el requisito para una verdadera sociedad pluriétnica.
Sólo en los últimos años se ha reconocido, la importancia de la comunicación como elemento central de la identidad y de las dinámicas ligadas al desarrollo y al bienestar de la población indígena. Este aspecto ha sido considerado recientemente en varios proyectos de desarrollo que han realizado mensajes y materiales de comunicación respetuosos de las diferencias culturales y lingüísticas, así como del conocimiento tradicional del agricultor indígena. Sin embargo, son pocas las iniciativas de comunicación para el desarrollo realizadas por indígenas. Existe una carencia de programas que refuercen la capacidad de los mismos grupos indígenas en comunicación. Un enfoque de comunicación intercultural para el desarrollo requiere, en primer lugar, el manejo de procesos locales de comunicación por parte de los pueblos indígenas que puedan integrar también el uso de medios cuales la radio, el video, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) y otros en función de objetivos de desarrollo indígena. Otro elemento importante es la formación de comunicadores indígenas para que se apropien de los diferentes medios al servicio de sus comunidades.
Actualmente, se cuenta con una Comisión Nacional de Comunicación Indígena en la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, compuesta por los seis responsables de las organizaciones regionales de comunicación. En las diferentes regiones ya se están utilizando medios tales como la radio, el video e Internet. Sin embargo, todavía falta analizar y sistematizar estas experiencias de apropiación de los medios de comunicación para el desarrollo de los pueblos indígenas de Bolivia.
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